En medio de la crisis policial, exigen al gobierno provincial datos sobre salud mental, licencias y condiciones laborales

En el marco de la crisis que atraviesa la Policía de Santa Fe, el diputado provincial Miguel Rabbia presentó un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo información detallada sobre las políticas de bienestar y la situación sanitaria de los integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario.

La iniciativa pide datos concretos sobre licencias médicas 2024-2025, enfermedades profesionales, estadísticas de suicidios, funcionamiento de la DIPART, modalidades de trabajo, cargas horarias y medidas de acompañamiento en salud física y mental. También solicita saber si se realizará un nuevo Censo Policial que permita actualizar la información disponible, ya que los últimos relevamientos datan de 2016 y 2020.

Rabbia contó con el aval y acompañamiento de legisladores de distintos bloques opositores mayoritarios: “Somos vida” de Amalia Granata; Celia Arena y Marcos Corach, Lucila De Ponti, Verónica Baro Graf y Sonia Martorano por el justicialismo; y también de los ediles Silvia Malfesi, Natalia Armas Belavi, Edgardo Porfiri, Beatriz Brouwer y Fernanda Castellani. 

“La policía es el brazo del Estado encargado de cuidar a la sociedad, pero también son trabajadores con familia, proyectos y problemas. Existe una relación directa entre el bienestar del empleado policial y el desempeño de sus funciones”, sostuvo Rabbia y agregó: “alrededor del 50% de los uniformados manifestó haber atravesado situaciones críticas que requerían acompañamiento psicológico, y casi la mitad no lo obtuvo”.

En este contexto, el legislador del espacio de Lewandowski recordó que hace tres años presentó el proyecto de creación de la Casa de la Salud de la Familia Policial, un espacio integral destinado a brindar atención médica y psicológica a efectivos y su entorno familiar, con el objetivo de garantizar contención, prevención y seguimiento profesional cercano a sus lugares de trabajo.

“Cuidar a quienes nos cuidan no es una consigna vacía: es una política pública necesaria. Sin información actualizada y sin decisiones concretas en materia de bienestar, no hay reforma de seguridad posible”, concluyó Rabbia.