Buscan que Santa Fe tenga su propia Ley de Emergencia en Discapacidad

Ante el veto presidencial a la Ley nacional, el legislador Miguel Rabbia, presentó una Ley para que la provincia asuma medidas urgentes para garantizar derechos y prestaciones al sector. El proyecto propone declarar la Emergencia Pública en Materia de Discapacidad en toda la provincia de Santa Fe por el plazo de dos años, con el fin de profundizar y ampliar las políticas de protección, atención, cuidado y asistencia a personas con discapacidad. La propuesta surge como respuesta directa al veto del presidente Javier Milei a la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso. “El presidente le dio la espalda a una necesidad real y urgente. Mientras continuamos luchando por ello, Santa Fe debe dar un paso al frente y garantizar que ningún derecho sea vulnerado”, sostuvo Rabbia y agregó: “cada jurisdicción del Estado debe hacer lo propio”. La iniciativa se enmarca en un esfuerzo político amplio que también cuenta con el respaldo del senador nacional Marcelo Lewandowski. Lewandowski promovió la creación de una Comisión de Discapacidad en el Senado de la Nación, solicitó la interpelación del ministro de Salud y del director de la ANDIS, y durante el proceso de auditoría realizado por el gobierno nacional sobre las pensiones no contributivas, elevó distintos pedidos de informes para que se transparente dicho proceso. Entre las principales medidas se encuentran: 1) Garantizar la continuidad de las prestaciones y la atención integral para personas con discapacidad en la provincia; 2) Aumentar el valor de las prestaciones abonadas por IAPOS a profesionales e instituciones, con pago efectivo en un plazo máximo de 30 días; 3) Regularizar deudas tributarias y de servicios públicos (energía y agua) mediante condonación de intereses y planes de pago; 4) Abrir espacios de diálogo permanente con organizaciones de personas con discapacidad y prestadores; 5) Asignar recursos extraordinarios a IAPOS y realizar adecuaciones presupuestarias para sostener las medidas. “Es el peor de los escenarios: los beneficiarios no acceden a sus derechos y los prestadores no cobran. La interrupción de tratamientos y el cierre de instituciones son hechos concretos que no pueden seguir ocurriendo” enfatizó Rabbia, que sabe del tema por su profesión de médico que ejerce desde hace 30 años.