Media sanción al nuevo Registro de Deudores Alimentarios: más controles y sanciones para quienes incumplen

La iniciativa, impulsada por la diputada provincial y presidenta del bloque “Hacenos Santa Fe”, Celia Arena, incorpora nuevas sanciones y mecanismos de control para quienes incumplen sus obligaciones alimentarias. El proyecto actualiza el régimen vigente desde la Ley 11.945 y busca fortalecer las herramientas del Estado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley impulsado por la diputada provincial y presidenta del bloque Hacemos Santa Fe, Celia Arena, que crea el nuevo Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias. La propuesta modifica integralmente el sistema vigente e incorpora herramientas para que el incumplimiento de las cuotas alimentarias tenga consecuencias concretas.

El texto es resultado de un trabajo conjunto entre distintos espacios políticos y reúne iniciativas de Arena, de las legisladoras y los legisladores Cattalini, De Ponti, Granata, Armas Belavi y Argañaraz, así como una propuesta del Poder Ejecutivo y aportes de la mesa de trabajo convocada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En ese proceso, Arena había presentado dos proyectos: uno para avanzar en el bloqueo del CUIT de las personas deudoras alimentarias y otro para prohibirles el ingreso a casinos y salas de juego.

“El trabajo colectivo y el diálogo entre distintas fuerzas políticas hacen posible avanzar en respuestas concretas. Santa Fe vuelve a ser pionera en legislación de vanguardia, con una prioridad clara: garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, remarcó la legisladora en el recinto. 

Más controles y consecuencias ante el incumplimiento

Entre los principales cambios, la iniciativa establece la inscripción en el Registro desde el momento en que existe una cuota alimentaria fijada judicialmente. Además, define las categorías de personas morosas y morosas agravadas según la cantidad de cuotas adeudadas: dos cuotas dentro de un año para la primera categoría y seis para la segunda. En este último supuesto, se prevé que el juez disponga de oficio la inhibición general de bienes

El nuevo registro pasa ahora a la órbita del poder ejecutivo y no depende más del poder judicial. Lo que permite elaborar y publicar informes estadísticos periódicos sobre el deber de cumplimiento de cuota alimentaria 

El nuevo régimen también contempla restricciones para acceder a cargos públicos, postularse a candidaturas y obtener determinados beneficios tributarios.Asimismo,establece prohibiciones de ingreso a casinos, bingos, salas de juego y plataformas de apuestas en línea, además de impedir el cobro de premios.

A su vez, incorpora mecanismos de control e intercambio de información entre organismos estatales, privados, la Justicia y empleadores privados, con el objetivo de detectar situaciones de incumplimiento y fortalecer el seguimiento de las obligaciones alimentarias.

“Cuando la cuota no se paga, alguien igual tiene que resolver la comida, la ropa, los útiles y los remedios. Y, en la enorme mayoría de los casos, esa responsabilidad recae sobre las mujeres. Esta ley les da a la Justicia y al Estado herramientas para que quienes incumplen sus obligaciones enfrenten consecuencias reales”, sostuvo Arena.

La legisladora destacó la importancia de avanzar hacia un sistema que permita hacer efectivo el derecho alimentario y que reconozca que detrás de cada incumplimiento hay niñas, niños y adolescentes cuyos derechos deben ser garantizados.

Índice de Crianza: una herramienta para visibilizar el costo de cuidar

En la misma línea, Arena, junto a otras legisladoras, impulsó un proyecto para que el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) publique mensualmente un Índice de Crianza de Santa Fe.

La propuesta busca contar con un indicador propio que permita estimar cuánto cuesta criar a niñas, niños y adolescentes en la provincia, contemplando tanto los gastos necesarios para su desarrollo como el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado.

El objetivo es generar información pública que visibilice el costo de la crianza y contribuya a fortalecer las políticas públicas y la discusión sobre las responsabilidades alimentarias. El proyecto será tratado ahora por el Senado provincial.

Para cerrar, Arena sostuvo que “el  proyecto propone medir el tiempo de cuidado. Cuando hablamos de cuánto cuesta criar a un hijo, solemos pensar en la comida, la ropa o la escuela. Pero hay un costo que no figura en ningún ticket: el tiempo. Las horas de cuidar, llevar y traer, quedarse cuando hay fiebre o acompañar una tarea. Ese tiempo lo aporta, casi siempre, una mujer, a costa de su trabajo, su descanso y sus ingresos”.

El Código Civil y Comercial ya reconoce que las tareas cotidianas de quien cuida tienen un valor económico y constituyen un aporte a la manutención. Lo que falta es que el Estado pueda medirlo.

“Eso propone el Índice de Crianza: que Santa Fe mida todos los meses cuánto cuesta criar, incluido el tiempo de cuidado, para que ese trabajo deje de ser invisible y nadie pueda decir en un juzgado que quien cuida no aporta”, sostuvo.