Argentina, entre la desindustrialización y la pobreza

La economía argentina muestra estancamiento social y retroceso industrial, con caída del empleo, persistencia de la pobreza y ausencia de un plan de desarrollo productivo de largo plazo, según afirma el ex secretario de Energía de la Nación.

"Mientras existe un RIGI orientado al sector energético y extractivo, no existe un régimen equivalente a la iindustria nacional", dice. (Archivo)

Los indicadores sociales y laborales de la Argentina en el presente año son motivo de seria preocupación. Según datos oficiales del Indec, la pobreza alcanza al 28% de la población, el mismo nivel que en 2017. Este dato, lejos de ser neutro, revela un estancamiento estructural: no hubo mejora en casi una década.

Pero la situación es aún más grave si se considera el crecimiento demográfico. Desde 2017 hasta la actualidad, la población aumentó en aproximadamente dos millones de personas, lo que implica que hoy existen alrededor de 560.000 pobres adicionales respecto de aquel año. En términos comparativos, la Argentina exhibe niveles de pobreza superiores a los de países de la región como Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

En paralelo, el empleo industrial muestra una tendencia claramente contractiva. Según el Informe de Indicadores Laborales de la Industria elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, entre agosto de 2023 y enero de 2026 —período que abarca casi la primera mitad del actual gobierno nacional— el empleo industrial se redujo un 6,1%, lo que representa la pérdida de 72.731 puestos de trabajo. En el mismo lapso, el empleo asalariado total cayó en 241.368 trabajadores.

El informe también advierte una reducción en la cantidad de empleadores industriales, lo que confirma una tendencia de debilitamiento del entramado productivo nacional.

El deterioro no es homogéneo, pero sí extendido. Los sectores más afectados son la industria textil, cuero y calzado, con una caída del 18,4%; la metalmecánica, con un retroceso del 8%; automotores y neumáticos (-7,8%); madera y papel (-8,3%); y otras manufacturas (-11%). Se trata de caídas significativas en sectores intensivos en empleo, lo que agrava el impacto social del proceso.

Con estos datos, la industria argentina ingresa en una zona de fuerte fragilidad estructural. Se trata de un fenómeno de alta relevancia económica y política que requiere ser abordado con políticas públicas específicas, hoy inexistentes en la agenda oficial.

En términos generales, el empleo privado registrado en el país alcanza actualmente a 6.195.925 trabajadores. Sin embargo, su evolución reciente muestra una tendencia negativa en la mayor parte del territorio.

En las 24 provincias argentinas, el empleo privado se redujo en 241.368 puestos entre agosto de 2023 y enero de 2026, lo que equivale a una caída del 3,8%. El fenómeno es especialmente relevante si se considera la concentración del empleo: Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza concentran el 76,4% del total nacional, y en conjunto también registraron una caída del 3%.

En el resto del país, el retroceso presenta magnitudes aún más severas, con casos extremos como Formosa (-17,6%) y Tucumán (-1,3%). Solo dos provincias muestran crecimiento del empleo: Neuquén (6,1%) y Río Negro (1,9%), aunque ambas representan una porción marginal del empleo privado total (4,3%).

El problema del empleo en la economía argentina es estructural y tiene su epicentro en la debilidad del sector industrial.

Incluso las provincias hidrocarburíferas tradicionales —Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta— exhiben una contracción promedio del 9,64% en el empleo, lo que evidencia que el dinamismo energético no se traduce automáticamente en expansión laboral.

El problema del empleo en la economía argentina es estructural y tiene su epicentro en la debilidad del sector industrial. Sus consecuencias trascienden lo económico y afectan directamente la cohesión social y el funcionamiento del sistema productivo.

En este contexto resulta llamativa la asimetría de políticas: mientras existe un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) orientado al sector energético y extractivo, no existe un régimen equivalente para la industria nacional. Esta ausencia no forma parte central del debate público ni de la agenda gubernamental.

La Argentina carece hoy de un plan de desarrollo productivo de largo plazo. Su construcción debería ser una prioridad del sistema político en su conjunto, y particularmente de los partidos nacionales, responsables de formular una estrategia de desarrollo sostenible.

El país no puede depender únicamente de sus recursos naturales. Campo, energía y minería constituyen una base fundamental, pero sin industrialización y agregado de valor, esos recursos no se transforman en desarrollo.

Argentina necesita un nuevo enfoque de desarrollo hacia 2027. Un plan que articule reindustrialización, empleo y productividad sobre la base de sus ventajas comparativas, pero también de una estrategia política consistente. Sin ello, el riesgo es persistir en un modelo de bajo crecimiento, alta volatilidad social y limitada capacidad de generación de empleo de calidad.