100 días sin respuesta sobre los fondos millonarios para adicciones: Rabbia insiste en que el gobierno rinda cuentas

El diputado provincial Miguel Rabbia presentó un pedido de acceso a la información pública ante la falta de respuestas del gobierno provincial sobre la asignación de $4.000 millones por parte de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) a instituciones cuya trayectoria en prevención de adicciones resulta, al menos, cuestionable. “Hemos escuchado declaraciones sueltas de funcionarios pero pasaron 100 días y aún no recibimos una respuesta formal, detallada y acompañada de la rendición completa de los gastos, que es lo que solicitamos”, remarcó el legislador.

La presentación forma parte de una línea de trabajo sostenida por Rabbia, quien desde hace meses denuncia falta de transparencia en el manejo de recursos públicos destinados a organizaciones civiles dentro del programa ‘Redes de Cuidado’, varias de ellas con escaso o nulo recorrido en prevención de adicciones y con vínculos con el partido UNO, que conduce Walter Ghione.

El nuevo pedido, dirigido a María Victoria Tejeda, titular de la cartera de Igualdad y Desarrollo Humano, constituye un paso más. Allí se reitera la preocupación por convenios firmados con asociaciones civiles que, según ya había advertido en informes previos, fueron creadas apenas semanas antes de recibir fondos millonarios o tienen objetos sociales ajenos a la temática de adicciones.

En particular, subraya que las asociaciones “Perseverar” y “Rockas Vivas” comenzaron a recibir aportes poco tiempo después de su constitución, mientras que “Sinergía Ciudadana” y “Cooperativa OLH” fueron seleccionadas pese a que sus actividades declaradas no guardan relación con el abordaje de consumos problemáticos. Entre las cuatro entidades, acumulan cerca de $4.000 millones asignados por el gobierno provincial.

Ante la falta de una respuesta institucional, Rabbia volvió a insistir con un pedido de acceso a la información pública, exigiendo las rendiciones de cuentas, los montos ejecutados, los planes de trabajo, el personal afectado, la población atendida y los criterios aplicados para la selección de estas instituciones. También requirió el listado completo de convenios firmados desde 2024, con sus respectivos montos. 

“La lucha contra las adicciones no admite improvisación ni falta de transparencia”, afirmó Rabbia, y aseguró que continuará perseverando en el control del uso de los fondos públicos en un área tan sensible para la comunidad.