Las reformas que las pymes esperan
Joseph Eugene Stiglitz escribió que “No tiene sentido que los inversores, por no hablar de los especuladores, tengan que pagar menos impuestos que alguien que trabaja duro para ganarse la vida, y sin embargo, eso es lo que hace nuestro sistema impositivo, (The Price of Inequality – 2012)”
Es reiterativo el reclamo de las pymes argentinas en el sentido de reducir la fuerte presión tributaria que las deja fuera de la equidad competitiva si se las compara con sus pares del exterior. El gobierno nacional ha logrado algunos aciertos en su política cambiaria y monetaria, pero estos resultan claramente insuficientes para recuperar la dinámica económica necesaria para el normal desarrollo del sector. Lo interesante es que el presidente Milei y sus ministros, particularmente Luis Caputo, reconocen el problema tributario y la imperiosa necesidad de reformar el sistema. Sin embargo, el brete está en que, si se reduce la presión fiscal, no se compensa el fabuloso gasto público.
Obviamente, con los actuales niveles de costos y complejidades impositivas no hay posibilidad alguna de atraer inversiones, por lo que los especialistas temen que la anunciada reforma sea apenas un ordenamiento procedimental pero sin una reducción efectiva. Los permanentes reclamos del sector giran básicamente en torno a dos conceptos: el primero es la regulación por regiones, teniendo en cuenta los costos logísticos y operativos en razón de las distancias; el segundo es un contundente alivio en las alícuotas y conceptos a tributar. Si sumamos los impuestos municipales, provinciales y federales, se supera fácilmente el centenar de ítems contributivos.
De nada sirve cambiar la denominación o simplificar el sistema sin una baja real de las alícuotas. Claro que esto induce al temor de las autoridades de que una verdadera reforma desplome la recaudación. Se trata de un presupuesto que no es cierto, porque la compensación se vería reflejada de inmediato en la recuperación del consumo y en el rescate de mercados perdidos. Además, esta reforma alentaría la inversión, tanto interna como externa, volcándose hacia lo productivo y generando, como valor agregado, la recuperación del empleo. Recordemos que, en el pasado, parte del desempleo se ha paliado brindando trabajo en el Estado o mediante planes sociales, lo que generó un desmesurado incremento del gasto fiscal.
La necesidad de una sustancial reducción de la presión tributaria es tal que, por primera vez, todos coincidimos en que debe resolverse con premura. La dirigencia empresaria del sector comercial, de servicios, industrial y agropecuario, así como economistas tanto heterodoxos como ortodoxos, tributaristas, funcionarios de gobierno y la mayoría de los políticos coincidimos en la importancia de tratar el tema y resolverlo con políticas de fondo y de largo plazo. El equipo económico actual debe confiar en el rumbo y entender que la gradualidad debe ser desechada, ya que aplicarla sería prolongar la agonía de muchas pymes, algunas de las cuales seguramente sucumbirán en el camino.
Hay suficiente experiencia internacional de referencia que permite vislumbrar el éxito de políticas de baja presión tributaria acompañadas por una simplificación de la gestión. Estados Unidos en la década del 70, los países del Este europeo y, más recientemente, Irlanda o el caso de Paraguay, han logrado una gran transformación en su economía, impactando positivamente sobre el desarrollo social a través de un profundo replanteo de su esquema fiscal. Las pymes argentinas esperamos con energías recuperar la iniciativa productiva para el mercado interno y el comercio exterior. Necesitamos volver a ser competitivos y generadores de empleo. Con una política fiscal proporcionada y con una adecuación a las leyes laborales que protejan los derechos del trabajador pero que tutelen también los del empleador, con toda seguridad estaremos prontamente en el camino del éxito.
CAME sobre la Situación Actual, Demandas y Propuestas de Reforma Estructural de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas
El reclamo de la entidad consolida las principales necesidades, problemáticas y propuestas de política pública presentadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ante el Congreso de la Nación, con el objetivo de revertir la pérdida de competitividad, la caída de rentabilidad y el cierre de establecimientos productivos en todo el país.
El diagnóstico inicial advierte sobre un escenario crítico signado por una sostenida contracción del consumo interno y del poder adquisitivo, factores que paralizan al noventa y cinco por ciento de las pequeñas y medianas empresas que dependen exclusivamente del mercado doméstico.
Sin una demanda activa, el sector se ve imposibilitado de generar empleo, innovar o profesionalizarse, situación que se agrava por el ingreso irrestricto de importaciones y una severa crisis de financiamiento, reflejada en que apenas una de cada tres empresas logra acceder al crédito bancario.
En las zonas fronterizas la realidad es aún más compleja debido al contrabando y al comercio ilegal que asfixian a los comercios locales por las marcadas asimetrías cambiarias, ante lo cual se reclama el tratamiento urgente de un proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo que contemple un régimen especial regulatorio. Paralelamente, los legisladores nacionales evalúan la viabilidad de declarar la emergencia pyme en todo el territorio nacional como medida de protección excepcional.
Frente a este contexto de retracción y serias limitaciones de liquidez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ha intensificado sus procedimientos de fiscalización abarcando múltiples períodos fiscales en forma simultánea.
Al momento de regularizar estas deudas de antigua data, los contribuyentes se encuentran con montos de muy difícil cancelación debido a la acumulación de intereses a tasas elevadas. El esquema de financiación vigente bajo la Resolución General 5321 ofrece alternativas de entre ocho y doce cuotas que resultan completamente insuficientes para deudas de gran magnitud.
Por este motivo, la entidad gremial empresaria solicitó de manera urgente la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que incluya las obligaciones vencidas y los planes caducos al treinta de abril de dos mil veintiséis, con plazos de amortización más amplios y una tasa de financiación reducida que resulte compatible con la capacidad real de pago de las empresas.
Asimismo, se ha solicitado la flexibilización de las condiciones de acceso al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, requiriendo que se fije un monto mínimo de inversión inferior al establecido para las micro y pequeñas empresas, que actualmente se ubica en ciento cincuenta mil y seiscientos mil dólares respectivamente, y que se extienda a cinco años el plazo permitido para ejecutar dichas inversiones, superando el límite original de dos años.
En materia de reforma fiscal profunda, el memorándum técnico expone que el sistema impositivo argentino adolece de una extrema fragmentación, coexistiendo entre ciento cincuenta y cinco y ciento sesenta y cinco tributos subnacionales, de los cuales solo diez concentran el noventa y cuatro por ciento de la recaudación consolidada proyectada para dos mil veinticinco, con una presión fiscal equivalente al veintinueve coma dos por ciento del Producto Interno Bruto.
El plan de reformas propone reequilibrar esta estructura hacia un esquema progresivo que estimule la inversión y disminuya la informalidad. Para el Impuesto al Valor Agregado se plantea ampliar la base mediante el cierre de exenciones ineficientes, aplicar devoluciones automáticas focalizadas a sectores de bajos ingresos, acelerar el reintegro de créditos fiscales por exportaciones y bienes de capital en plazos de treinta a sesenta días, e implementar la interoperabilidad de la factura electrónica entre la Nación y las provincias.
En el Impuesto a las Ganancias de las sociedades se impulsa una alícuota plana del veinticinco al veintisiete por ciento con deducción inmediata para inversiones en maquinaria durante una transición de veinticuatro a treinta y seis meses, estableciendo además un régimen diferencial escalonado donde las microempresas paguen el veinte por ciento de alícuota general y cero por ciento sobre dividendos, las pequeñas empresas el veintidós por ciento de alícuota y tres por ciento sobre dividendos, y las medianas empresas tramo uno un veinticinco por ciento general con seis por ciento sobre dividendos, mientras que para las personas humanas se propone la actualización de mínimos y escalas por índices objetivos.
Para fomentar la creación de empleo registrado, se proyecta una reducción decreciente por veinticuatro meses de las contribuciones patronales marginales en nuevos puestos de trabajo, incrementando el beneficio en regiones con menor densidad económica mediante un mecanismo similar al antiguo Decreto 814 que faculta el cómputo de estos conceptos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado.
Respecto al Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, calificado como altamente distorsivo, se propone su conversión total en pago a cuenta de IVA o Ganancias en un plazo de dos años para las micro y medianas empresas.
A nivel provincial y municipal, las demandas exigen la suscripción de un nuevo Consenso Fiscal para ordenar Ingresos Brutos, orientando el tributo hacia el destino en ventas interjurisdiccionales, suprimiendo los regímenes de recaudación anticipada en el ingreso de mercaderías y los cobros por padrones escalonados, proponiendo pruebas piloto de impuestos a las ventas minoristas o un IVA provincial compartido. Para las tasas municipales, se exige la creación de un padrón nacional que garantice que toda tasa responda exclusivamente a una contraprestación de servicio medible, prohibiendo los cobros sin causa real, facilitando la compensación de deudas cruzadas y unificando los trámites en una ventanilla única electrónica.
Por último, se impulsa la creación de una Cuenta Corriente Tributaria Integral entre la administración nacional y los fiscos subnacionales que ponga fin a los saldos a favor crónicos mediante devoluciones automáticas y el reconocimiento de intereses a favor del contribuyente cuando el Estado incumpla los plazos de devolución, eliminando de forma gradual las percepciones aduaneras, reforzando la fiscalización de plataformas digitales de acuerdo a los estándares internacionales y prohibiendo por ley el dictado de nuevos blanqueos impositivos por los próximos veinte años para asegurar la equidad y la transparencia del sistema productivo nacional.
ANTONIO FABIAN HRYNIEWICZ
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