Deliverys seguros: A más de un año de su promulgación el Gobierno provincial aún no implementó la Ley

Este martes las Asociaciones de trabajadores de aplicaciones se reunieron con la diputada Verónica Baró Graf -Coordinadora del Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados para solicitarle su intervención ante la inacción del gobierno provincial en la implementación de la ley que tanto les costó conseguir.

La complicadísima situación económica que atraviesan, el endeudamiento del que son rehenes y la precarización laboral de la que son víctimas estos jóvenes -alrededor de dos mil en la ciudad de Santa Fe y cuatro mil en Rosario- que encuentran en las aplicaciones de delivery un medio de subsistencia ante la falta de oportunidades, se combina fatalmente con los hechos de inseguridad de los que son víctimas todos los días y la ausencia del Estado para protegerlos.
La paradoja es que en la provincia existe desde el año pasado, una Ley ya promulgada que los protegería pero que el gobierno provincial no puso en marcha aún. Es por eso que este martes se reunieron en Santa Fe con la diputada del Frente Renovador 100% Santafesino Verónica Baró Graf, quien además coordina el Observatorio de Víctimas de la Cámara Baja.
En dicha reunión, María Fernanda Fernández, representante de estos trabajadores, le manifestó su enorme preocupación por la falta absoluta de respuesta por parte del Ministerio de Seguridad, que es quien debería actuar en este sentido. “Nos reunimos con funcionarios de este Ministerio y nos encontramos con que los mismos desconocían la existencia de esta ley y sus alcances”, expresó Fernández.
Por esto le solicitaron a la diputada su intervención para lograr que de una vez por todas puedan acceder a los beneficios que esta ley les proporciona para cuidar su seguridad y la de sus elementos de trabajo.
La legisladora se comprometió a realizar personalmente gestiones en el Ministerio de Seguridad y además a presentar esta semana en el recinto un pedido al Ejecutivo para exigirle su urgente implementación.
 
Los detalles de una Ley olvidada en un cajón
La ley 14362 de “Monitoreo Informático permanente” promulgada por el Poder Ejecutivo Provincial el 26 de mayo del año pasado, reza en su artículo 1: ”Créase el Monitoreo Informático Permanente, en adelante MIP, mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), que tiene por objetivo garantizar la seguridad de los trabajadores independientes que presten servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles”. 
En el artículo 2 dispone como autoridad de aplicación al Ministerio de Seguridad quien tiene a su cargo, entre otras funciones, confeccionar un registro de trabajadores, asignar un dispositivo GPS para su geolocalización en horario de trabajo, crear un sistema de monitoreo informático permanente, crear una central de denuncias con botón antipánico ante cualquier situación sospechosa y crear uno o varios canales de denuncia anónima para delitos vinculados a las actividades y las personas trabajadoras contenidas en el artículo 1. 
En el artículo 4 de esta ley se establece que el financiamiento para el MIP se realiza con: el cien por ciento (100%) de lo recaudado en concepto de multas, intereses y accesorios, por incumplimiento de normativas nacionales o provinciales, que la Provincia aplique formalmente a las empresas que realicen comercialización de servicios de manera virtual y mediante aplicaciones móviles que se operan mediante teléfonos inteligentes, para el reparto de productos a domicilio, formato delivery; aportes provenientes de rentas generales del Tesoro Provincial; aportes provenientes de programas del Estado Nacional susceptibles de aplicarse a los objetivos presentes; aportes provenientes de organismos multilaterales; y donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumplimiento de los fines presentes. 
 
El largo derrotero de la Ley de protección a Deliverys
El proyecto de Ley para la Protección de los trabajadores de Deliverys fue presentado por el ex diputado Oscar “Cachi” Martínez en setiembre del 2021 a instancias del pedido de las Asociaciones que los nucleaban. En ese momento, recién salidos de la pandemia -en la cual fueron esenciales-, los trabajadores de aplicaciones comenzaron a sufrir hechos gravísimos de inseguridad que ponían en riesgo no solo sus pertenencias materiales -motos, bicicletas, celulares, dinero- sino su vida misma. Un año después, en octubre de 2022, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y pasó a la Cámara de Senadores, donde por su falta de tratamiento perdió estado parlamentario y tuvo que volver a ser ingresada por Martínez en la Cámara Baja. El proyecto fue aprobado nuevamente en octubre de 2023 y volvió una vez más a la Cámara de Senadores donde finalmente fue aprobado y convertido en Ley en noviembre de 2024. Así, siguió su derrotero hasta el 26 de mayo de 2025, día en el que el Poder Ejecutivo la promulgó bajo el núm. 14362. Desde ese momento hasta hoy, la Ley nunca fue implementada. Cabe destacar, como dato de color, que el gobernador Maximilano Pullaro, que en ese momento era diputado provincial, votó afirmativamente por esta ley en ambas ocasiones.